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La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordará el próximo martes la denuncia de varios ciudadanos británicos que han tenido problemas con el sector inmobiliario español. En concreto, se analizará el caso de quienes poseen una casa en España que ha sido declarada ilegal y ahora están ante la disyuntiva de un posible desalojo y demolición o pagar una multa para regularizar su situación.

En otros casos se trata de británicos que han tenido problemas para recuperar un depósito bancario tras el incumplimiento del contrato por parte del promotor. Además se verán otras dos denuncias presentadas por un español y una británica igualmente relacionadas con la situación del sector inmobiliario.

Los eurodiputados estudiarán también una petición sobre la supuesta violación de la legislación medioambiental comunitaria por parte de las autoridades regionales y locales de Murcia.

El peticionario afirma que la aprobación de varios planes de desarrollo urbano ha permitido una urbanización excesiva con repercusiones negativas sobre el medio ambiente de la región.

La queja sobre la apertura de una planta de regasificación de la sociedad Reganosa en Mugardos (La Coruña) figura asimismo en el orden del día de la comisión de Peticiones. Los denunciantes consideran que vulnera la directiva sobre el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y la relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Otra de las denuncias españolas que llegará a Bruselas es la de una supuesta infracción de la legislación comunitaria de acceso a la información y al tratamiento de las aguas residuales urbanas en conexión con la actividad de la empresa ‘Emasagra’, en Granada.

Fuente: Fotocasa.es

El sector inmobiliario español depende de decisiones bancarias. En realidad siempre ha sido así, sin la financiación necesaria para emprender las obras las empresas del ladrillo no podrían iniciar negocio alguno.

Pero ahora la banca no sólo financia o deja de financiar tal o cual promoción sino que participa en la elaboración de los planes estratégicos de las compañías, está presente en el accionariado de las mayores empresas del sector y decide qué empresa mantiene la actividad y cual no dependiendo de su voluntad de refinanciar o no la deuda de las inmobiliarias. Y además vende viviendas a través de nuevas filiales creadas para acoger la ingente cantidad de activos embargados tanto a particulares como a empresas en los tres últimos años.

Las dos mayores inmobiliarias españolas cotizadas, Metrovacesa y Colonial, están en manos de bancos nacionales y extranjeros. Seis bancos españoles, liderados por Santander y Barclays, son los primeros accionistas de Metrovacesa. En Colonial, tras la refinanciación anunciada el viernes, bancos nacionales y extranjeros tomarán aproximadamente el 90% del capital.

Los presidentes y consejeros delegados de Colonial y Metrovacesa son profesionales del sector inmobiliario o financiero designados por la banca. En el caso de Colonial tanto Juan José Brugera (presidente) como Pere Viñolas (consejero delegado) son cercanos a La Caixa, mientras que en Metrovacesa la carrera de su presidente, Vitalino Nafría, está ligada a BBVA y la designación de Eduardo Paraja como consejero delegado fue del gusto de Santander.

El futuro de la tercera mayor inmobiliaria cotizada, Reyal Urbis, depende también ahora de la banca. La compañía presidida por Rafael Santamaría debe cumplir un plan de venta de activos para que las entidades financieras sigan abriendo la puerta de sus despachos a la empresa. Reyal Urbis tiene una deuda cercana a los 4.500 millones; si la banca acreedora decide no refinanciar Reyal se convertirá en uno de los mayores concursos de acreedores vividos en España, tras el protagonizado en 2008 por Martinsa Fadesa, que se declaró en concurso con una deuda aproximada de 7.000 millones.

Fuente: Cincodias.com

Las cifras tienen la mala costrumbre de sacar las vergüenzas y trapos sucios a relucir. En particular, las cifras del mercado inmobiliario, número de viviendas iniciadas, número de transacciones inmobiliarias y créditos concedidos no van cogidos de la mano.

Es muy curioso cómo el crédito al promotor sigue aumentando a pesar de una contracción en ventas cercana al 15% de las ventas en el año 2007. Véase cuadro adjunto, creado con datos extraidos del Banco de España (PDF) y los informes del total de crédito concedido por las entidades financieras. Este aumento de crédito es una mera refinanciación de deudas antiguas, no hay otra salida, porque desde 2007 hasta septiembre del 2009, las transmisiones de propiedad de todo tipo han caido en picado.

Más curiosa es la diferencia de percepciones sobre la calidad del crédito entre los deudores y acreedores. Las entidades financieras, declaran una mora del sector inmobiliario del 8,73%, por importe de 28.315 millones de euros, pero los promotores inmobiliarios afirman que no pueden pagar los 324.000 millones de euros en préstamos que tienen concedidos y que necesitan un plan especial de salvamento para que el sistema financiero no se resienta. No piden mucho, aproximadamente requieren un 30% del PIB, casi nada.

Las daciones en pago han aumentado espectacularmente, los precios han caido y tienen que caer más, pero el Banco de España mira hacia otra parte, permite que se sigan refinanciando deudas en mora y no quiere que el propio sistema financiero aflore todo el credito subprime que tiene apalancado entre sus balances.

La salida pactada entre el supervisor y las entidades financieras ha sido clara. Vamos a aguantar 10 años en esta situación, refinanciando deuda inmobiliaria sin control y capitalizando cada vez más intereses, todo sea por no dejar caer los precios y no convertir los bancos en las mayores inmobiliarias del mundo.

Si realmente queremos salir de la crisis, el primer paso es el desbloqueo del mercado inmobiliario y este desbloqueo pasa por el ajuste drástico del precio y del stock. Este ajuste sólo se produce mediante la ejecución de créditos pendientes, las subastas abiertas de los inmuebles sin límite inferior y mediante un sistema que muestre los activos al precio que realmente tienen.

Fuente: ElBlogSalmon